9º 6 de diciembre de ´08

Temas

-La Constitución Española a 30 años de su creación.
-Debate elecciones del Gabinete de Obama
-3 millones de parados en España
-Extrema derecha, locutor Federico Jimenez de los Santos (radioCOPE), el mensaje de la Iglesia en España.
-Practicas Militares en Colombia. Texto de Entrevista a Mauricio Valiente abogado.
-Referencias que hiso Andrés Manuel López Obrador con el congreso español.


CONSTITUCION ESPAÑOLA

La Constitución Española de 1978, es la norma jurídica suprema (o máxima) del ordenamiento jurídico de España.

Nace durante el proceso histórico denominado Transición Española, que tiene lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de Noviembre de 1975 del anterior Jefe del Estado Francisco Franco y que precipitará una serie de acontecimientos políticos e históricos que terminaran con la abolición final del anterior régimen franquista que dura desde 1939 hasta 1975 sustituyendo la dictadura por un sistema democrático con la forma política de monarquía parlamentaria. Es una constitución ambigua, es decir, una constitución que admite diferentes lecturas. Esta ambigüedad tiene su origen en la necesidad que hubo de poner de acuerdo sobre la norma fundamental a partidos políticos de ideologías muy dispares y lograr así lo que se llamó el consenso constitucional.

En Madrid existe el Monumento a la Constitución de 1978 de Madrid, ubicado en la Plaza San Juan de la Cruz, entre las calles de Vitrubio y Paseo de la Castellana.
Es muy común encontrar una calle o plaza de la Constitución en la mayoría de las ciudades de España.

Historia

Como inicio del proceso de la Transición Española hacia la democracia, la muerte del dictador general Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, supuso la posterior proclamación como rey de Don Juan Carlos I, y poco después (en julio de 1976) la formación de un Gobierno presidido por Adolfo Suárez González, y designado según la legislación vigente. El Gobierno envió, en octubre de 1976, a las Cortes el proyecto de ley para la Reforma Política, que fue aprobado por las Cortes, y, posteriormente, y según todos los requisitos exigidos por las Leyes Fundamentales (señaladamente la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado) sometido a referéndum.

Esta Ley para la Reforma política venía a suponer una notable alteración de las leyes fundamentales, sin introducir ella misma un sistema democrático-constitucional, pero haciendo posible la creación de éste. La Ley se insertaba formalmente en el ordenamiento vigente (su disposición final la definía expresamente como «Ley fundamental») pero difería radicalmente en su espíritu de ese ordenamiento, ya que:
reconocía los derechos fundamentales de la persona como inviolables (artículo 1)
confería la potestad legislativa en exclusiva a la representación popular (artículo 2), y
preveía un sistema electoral inspirado en principios democráticos y de representación proporcional.

Posteriormente el Real Decreto Ley 20/1977, de 18 de marzo, reguló el procedimiento para la elección de las Cortes, elección que se llevó a cabo el 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones libres desde febrero de 1936.

Una de las tareas prioritarias de las Cortes fue la redacción de una Constitución. La Ley de Reforma Política ofrecía la posibilidad de que la iniciativa de la reforma constitucional correspondiera al Gobierno o al Congreso de los Diputados, eligiéndose esta última opción. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados nombró una Ponencia de siete diputados, que elaboró un anteproyecto de Constitución. Estas siete personas, conocidas como los Padres de la Constitución fueron:
Gabriel Cisneros (UCD)
José Pedro Pérez Llorca (UCD)
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD)
Miguel Roca Junyent (Pacte Democràtic per Catalunya)
Manuel Fraga Iribarne (AP)
Gregorio Peces-Barba (PSOE)
Jordi Solé Tura (PCE)

El anteproyecto se discutió en la Comisión, y, posteriormente, discutido y aprobado por el Congreso de los Diputados. A continuación, se procedió al examen del texto del Congreso por la Comisión Constitucional del Senado, y el Pleno del mismo órgano.

La discrepancia entre el texto aprobado por el Congreso y el aprobado por el Senado hicieron necesaria la intervención de una Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboró un texto definitivo. Este fue votado y aprobado por las dos Cámaras el 31 de octubre de 1978. Sometido a referéndum, fue ratificado el día 6 de diciembre de ese mismo año con el 87% de los votos a su favor, sancionado el día 27 de diciembre por el Rey, y publicado en el BOE el 29 de diciembre (se evitó el día 28 por coincidir con el día de los Santos Inocentes, tradicionalmente dedicado a las bromas). Desde 1986,[1] cada 6 de diciembre es una fiesta nacional en España, celebrándose el Día de la Constitución.

ENTREVISTA A MAURICIO VALIENTE

DIARIO PUBLICO 6 DIC ´08

"España debe exigir explicaciones a Colombia"
Mauricio Valiente es abogado. Ha destapado la práctica de los militares colombianos de matar civiles para cobrar recompensas pagadas con fondos de la cooperación internacional

GORKA CASTILLO - MADRID - 06/12/2008 08:00
Sigue sorprendido. Y alarmado. El coordinador de la misión internacional que ha destapado las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Colombia califica está practica sistemática de "crímenes contra la humanidad".
"Ningún país ha podido financiar conscientemente estos delitos"

¿Cuáles son las conclusiones de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia?
La más importante es que han variado las maneras de violar los derechos humanos y que se registra un agravamiento de los delitos, a pesar de que aparentemente pueda parecer que han mejorado.

¿En qué ha cambiado?
"Se investigan 2.200 asesinatos, la mayoría cometidos en zonas rurales"
Los actores fundamentales de las violaciones más graves ya no son los grupos paramilitares, sino que ahora son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y militares. El ejemplo de su actuación son las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como "falsos positivos".

Su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales es estremecedor, ¿cómo lo elaboraron?
Nuestra misión comenzó en octubre de 2007. Nos reunimos con muchas autoridades del país, entre ellas el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, quien reconoció la existencia de estas prácticas delictivas en algunas regiones del oriente antioqueño. Él nos aseguró que se habían tomado medidas para atajarlas. Sin embargo, un año después se descubre el asesinato de unos jóvenes cerca de Bogotá a quienes maquillaron como miembros de las FARC. Esta revelación decanta el escándalo hacia unas proporciones difíciles de cuantificar.

La financiación de estas recompensas por abatir delincuentes y guerrilleros ha levantado mucha controversia.
La gravedad reside en que la directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano especifica claramente que los fondos para las multimillonarias recompensas proceden de las arcas del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional. Esto cambia el panorama, porque comienza a afectar a países extranjeros, como España, cuyas ayudas a Colombia nunca han tenido como objetivo final la financiación de prácticas criminales. Y Uribe debería aclarar estas sospechas.

¿Qué debería hacer el Gobierno español ante el descubrimiento de este hecho?
Nuestra opinión es que el Gobierno español debe exigir explicaciones claras al Ejecutivo colombiano sobre el uso que ha hecho de sus recursos económicos. El Plan Colombia es muy genérico, ya que también contempla proyectos de desarrollo, pero las pruebas nos indican que sus gestores han dado prioridad a la represión en detrimento de otras prácticas humanitarias.



¿Qué pruebas tienen de que se haya desviado dinero para financiar hechos delictivos?
No conocemos los datos con exactitud porque una de las características del Gobierno de Uribe es la opacidad. Sí sabemos que una parte de la partida presupuestaria presentada como inversión social ha sido destinada a la reinserción de paramilitares en nuevos mecanismos de control social como guardacostas y vigilantes en zonas urbanas.

Antes de presentar el informe en España, ustedes lo hicieron público en Colombia, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno colombiano?
En primera instancia negó los hechos que se denuncian en nuestra investigación. Y además sufrimos una campaña de difamación bajo la acusación de que éramos parte de una estrategia insurgente. Todos aquellos que conocen Colombia saben que este tipo de señalamientos es altamente peligroso. Sin embargo, unos días después de difundirse la noticia no les quedó otra opción que reconocer la gravedad y la profundidad de unas prácticas absolutamente atroces.

¿Hasta dónde puede llegar este escándalo?
Nos preocupa que una misión internacional, independiente, de juristas y forenses, y amparada por organizaciones de contrastado prestigio, sólo haya logrado documentar la mitad de los falsos positivos que el Gobierno tiene cuantificados. Nosotros estudiamos 120 expedientes judiciales. La Coordinadora Colombia-Europa-EEUU estima que el número de ejecuciones extrajudiciales son 1.122 desde 2002. La Procuraduría General del Estado investiga ya 2.200 casos, la mayoría en zonas de guerra y rurales.
El Gobierno dijo que no es una práctica generalizada, sino actos delictivos de elementos aislados del Ejército.
Si fuera un problema de corrupción puntual, tal y como dijo el presidente Uribe, no tendría sentido que el máximo responsable del Ejército, Mario Montoya, haya renunciado a su cargo. Hay elementos que ratifican que estas prácticas son sistemáticas. Las recompensas han actuado de estímulo para que algunos soldados cometan delitos que, sin duda, son crímenes de lesa humanidad.

¿Reconoció el Gobierno la existencia de esta directiva interna sobre recompensas?
A nosotros nos negaron la existencia de una directiva interna sobre el pago de recompensas.

¿Creen que el Gobierno de Uribe puede poner fin a estas prácticas delictivas?
Algunos militares colombianos acaban de declarar públicamente que no pueden prescindir de este instrumento si se quiere que la política de Seguridad Democrática del presidente tenga éxito.